A partir de esta publicación, el pasado miércoles 30, los detenidos por estos delitos serán procesados y sometidos a las penas que establece este nuevo cuerpo legal.

Diferentes reacciones en la arena política local originaron la publicación en el Diario Oficial de la Ley Nº 21.208 la cual modifica el Código Penal para tipificar acciones que atenten contra la libertad de circulación de las personas en la vía pública, a través de medios violentos e intimidatorios y fija las penas aplicables al saqueo en circunstancia de calamidad o alteración del orden público.

Autoridades junto a dirigentes gremiales de Tarapacá dieron a conocer su punto de vista en torno a la puesta en marcha de la Ley.

CRIMINALIZAR

Respecto a la promulgación de esta Ley, el consejero regional, Pedro Cisternas, señala que este es un tema que ya viene sancionado en el Código Penal y que el objetivo del Gobierno es la de “criminalizar el movimiento social y preparar una batería de argumentación legal para el mes de marzo próximo. El mismo Gobierno sabe que se reactiva con fuerza la movilización social en Chile, es un secreto a voces que nadie discute. Por lo tanto, nosotros –movimiento social- no estamos de acuerdo de que el Gobierno se apertreche en más elementos judiciales, ni que parlamentarios lo hayan aprobado”, sostuvo.

Por su parte, el también consejero regional, José Miguel Carvajal, calificó como un error, por parte del Senado, el querer criminalizar el estallido social “cayeron en el mismo juego que Piñera de tratar la violencia con más violencia, es una decisión absurda”, esgrimió el consejero.

MEZCLAR

Patricio Llerena, presidente regional de ANEF, señaló que no está de acuerdo con mezclar las cosas “Aquí se mezclaron varias situaciones y circunstancias que privan el derecho de lo que constitucionalmente está establecido para efecto de las manifestaciones y la expresión de la gente, básicamente es lo que nos ataña a nosotros como organización sindical. La lectura que hacemos de esta Ley, es que nos coarta como organización sindical la posibilidad de seguir nuestra línea que es marchar, manifestarnos, estar en las calles expresándonos respecto de todas las demandas que históricamente ha tenido la ANEF en distintas causas”, indicó el dirigente gremial.

A su vez, el concejal Matías Ramírez, calificó como retroceso la promulgación de la Ley desde el punto de vista democrático “donde se debería respetar el derecho a protesta y manifestarse libremente. Va a ser una ley altamente represiva”, dijo.

En cuanto al rol de la oposición en la aprobación de la Ley, Ramírez indicó que “acá la oposición pisó el palito. El mayor ejemplo es el caso del Frente Amplio, cayeron en el juego de la derecha. En un comienzo aprobaron gran parte del proyecto y hoy por hoy también tienen que asumir la responsabilidad de no haber visto la intención y la voluntad del Gobierno presentando este proyecto”, esgrimió el edil del PC.  

RESGUARDO

“La Ley Antisaqueos y Antibarricadas permitirá aumentar las penas para quienes cometen estos hechos que todos deberíamos repudiar, porque terminan afectando a los ciudadanos más vulnerables y a los trabajadores, precisamente a aquellos que son el foco esencial de la Agenda Social del Gobierno. A partir de ahora podremos aislar a quienes usan las movilizaciones para cometer delitos o hechos violentos”, afirmó el Intendente (s) Álvaro Jofré.

En esa misma línea, el diputado Renzo Trisotti, esgrimió que es positiva la puesta en marcha de la Ley, argumentando que no se puede normalizar la violencia, sino que sancionarla. “Buena medida, para ayudar a restablecer el orden público y así proteger a quienes se manifiestan pacíficamente pero que precisa y amplía la sanción a quienes a través de la fuerza destruyen nuestras ciudades. La violencia no puede ser normalizada jamás, sino derechamente sancionada”.

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