El poblado de Colchane a 3.500 metros sobre el nivel del mar, creado en 1978,  a diferencia de su vecino  Pisiga Bolívar, en Bolivia, no cuenta con servicios como energía eléctrica y un normal abastecimiento de alimentos y combustibles.  Este hecho hace que los habitantes chilenos del sector acudan por caminos habilitados, desde hace años, entre un punto y otro da ambos países.

Hace unos días, el Ministerio del Interior ordenó cerrar esos pasos entre Colchane y sus vecinos bolivianos con efectivos policiales. Según el alcalde Javier García Choque (RN), el Gobierno ni el gobernador del Tamarugal entregaron los motivos por el cierre los pasos entre las localicades altiplánicas.

Cabe señalar que Colchane no cuenta con  electricidad las 24 horas del día, en cambios sus vecinos de Bolivia reciben el servicio desde el año 2005. Además Pisiga Bolivia, cuenta con un amplio sector comercial, donde los pobladores chilenos acuden a comprar gas licuado, mucho más económico, medicamentos, alimentos y otros insumos, que el lado chileno no se expenden.

Para el concejal Isidoro Challapa (FA), esto es grave que se corte la comunicación de comunidades que tienen lazos familiares desde mucho antes que existiera la frontera.

“Se puede decir que nos cerraron el lugar por donde nosotros transitamos, siempre había patrullas (carabineros), siempre se pasaba con mercancías y gas. Resulta que ahora lo cerraron definitivo. La semana pasa el Gobernador  no nos dio una explicación bien contundente”, indicó el concejal Challaapa.

MEDIDAD

Ante este panorama el alcalde de Colchane, Javier García Choque, manifestó su preocupación y anunció que presentará un recurso judicial para revertir la medida del Gobierno.

“Claramente nuestras comunidades pertenecen a la comunidad aymará, que tienen una forma de vida particular que es muy diferente a las divisiones  geopolíticas que se dispusieron con posterioridad a la existencia del pueblo aymara”, precisó el alcalde García.

El jefe comunal indicó que se seguirá apoyando a la comunidad para presentar un recurso de protección en  la Corte de Apelaciones de Iquique por incumplir al convenio 169 del OTI. Además, informó  que está  generando instancias  de conversación con el Gobierno.

“De hecho ya he tenido conversaciones con el gobernador, el intendente  y la senadora Luz Ebensperger. Y así vamos a ir buscando vías de solución y para poder restablecer y no cortar este nexo que tiene las comunidades aymaras del sector”, añadió.