Un llamado urgente a reformar a Carabineros realizó Human Rights Watch tras constatar que miembros de la policía nacional de Chile cometieron “graves violacionesa los DD.HH.” que incluyen “uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, transeúntes y graves abusos en las detenciones” realizadas desde el estallido social que comenzó el 18 de octubre.

El organismo se reunió con el Presidente Sebastián Piñera el pasado 26 de noviembre para entregarle el informe que incluye recomendaciones orientadas a prevenir abusos por parte de los uniformados y para fortalecer los mecanismos de supervisión. Desde que comenzaron las manifestaciones, y hasta el 21 de noviembre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó ante el Ministerio Público 442 querellas en representación de víctimas de presuntas lesiones, tratos crueles, torturas, abusos sexuales, homicidios y tentativas de homicidios atribuibles a fuerzas de seguridad.

“Hay centenares de preocupantes denuncias sobre uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos contra detenidos tales como golpizas brutales y abusos sexuales, que no pueden quedar impunes y deben ser pronta y rigurosamente investigadas y sancionadas”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Vivanco agregó que “factores como el uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios; los abusos contra personas detenidas mientras estaban a disposición de las autoridades y sistemas de control internos deficientes facilitaron que se produjeran graves violaciones de los derechos de muchos chilenos. Es justamente por ello que las autoridades deben impulsar una reforma policial urgente”.

Entre las principales recomendaciones, Human Rights Watch llamó a Carabineros a “suspender cualquier uso de perdigones —no solo durante manifestaciones— hasta que autoridades idóneas e independientes realicen un estudio adecuado de todos sus riesgos” y a “estudiar el uso de equipos menos letales alternativos que minimicen las lesiones“.

El organismo también llamó a “asegurar que existan mecanismos internos de control para investigar y sancionar abusos y el uso indebido de armas menos letales” y “reformar el sistema de disciplina para que las decisiones las adopte una autoridad que no esté en la cadena directa de mando de la persona implicada, y cerciorarse de que el personal que trabaja en asuntos internos no tenga que trabajar con aquellos a quienes ha investigado o sancionado, ni quedar subordinado a ellos”.

Respecto al control preventivo de identidad, pidió “revisar  las facultades de detención por control de identidad de los carabineros para que haya garantías contra el uso arbitrario de la facultad de interceptar y detener personas y que haya rendición de cuentas por su uso”.

En esta línea, pidió “adoptar un protocolo junto con las autoridades de salud para que los detenidos sean sometidos a revisiones forenses independientes, que no se realicen frente a carabineros y ocurran a una distancia en la que no puedan ser escuchados”.

Otro de los llamados fue a “hacer cumplir la prohibición vigente sobre desnudamiento de detenidos en protestas y sancionar a aquellos que continúen con esta práctica” y a “instalar cámaras en todas las áreas de todas las comisarías, tomando medidas para garantizar la privacidad de los detenidos, y establecer un sistema de almacenamiento de grabaciones que pueda ser empleado por autoridades judiciales o de otro tipo”.

Human Rights Watch también recomendó “reforzar el entrenamiento de todos los carabineros relacionado con armas menos letales para el control de manifestaciones, incluidas las Fuerzas Especiales, entre otras” y  “cerciorarse de que los carabineros cuenten con equipos de protección adecuados, tiempo de descanso y remuneración de horas extra”.

 Detalles del informe


Uso indiscriminado  armas de fuego

Desde el 18 de octubre, al menos 1.015 personas resultaron heridas por impacto de perdigones disparados por carabineros en el contexto de las protestas contra el gobierno. Según el INDH,
estas heridas afectaron tanto la parte superior como inferior del cuerpo. Entre las heridas más graves se incluyen las lesiones oculares. En el Hospital Del Salvador, donde se ha atendido a la gran mayoría de los heridos, al 19 de noviembre el 77 % de las lesiones oculares habían sido causadas por perdigones, conforme indicó a Human Rights Watch el Ministerio de Salud. La segunda causa más frecuente fueron impactos de cartuchos de gases lacrimógenos.

Carabineros dijeron a Human Rights Watch que se les indica usar el arma a una distancia mínima de 30 metros y apuntar a la zona entre la rodilla y el tobillo, para evitar afectar áreas vitales de la parte superior del cuerpo. Sin embargo, a más de 45 metros, disparan en línea recta para asegurase de que los perdigones alcancen a los manifestantes, indicó un capitán del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), la fuerza de élite. Pero “las escopetas antidisturbios no tienen mira y, por ende, cada agente debe estimar la distancia de disparo en circunstancias que, por lo general, son estresantes y caóticas”.

Las autoridades de Carabineros admiten que el uso de un arma con tan poca precisión conlleva un “alto riesgo”. “No es un arma para hacer puntería”, expresó el general Rozas. El general Jorge Ávila, jefe de las Fuerzas Especiales, indicó que “el que la usa no controla la trayectoria de los perdigones”. Debido a los diversos factores que afectan la trayectoria de los perdigones, incluso “cuando los carabineros disparan hacia las extremidades inferiores, es casi imposible cerciorarse de que los perdigones no impacten en la parte superior del cuerpo, lo cual eleva el riesgo de lesiones graves o posiblemente letales”.

Sin embargo, “los altos mandos de Carabineros no parecen haber transmitido ese riesgo a los agentes rasos“, consigna el reporte. Human Rights Watch entrevistó a tres carabineros que minimizaron el daño que podían provocar los perdigones. Un capitán expresó que es “muy difícil que un perdigón atraviese la ropa, incluso si (se dispara) de muy cerca”, y un cabo señaló que era “imposible (que los perdigones causen) daño ocular grave”.

El reporte relata que la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Chile publicó un informe el 18 de noviembre tras una investigación que concluyó que los perdigones estaban compuestos en un 80% por sílice, sulfato de bario y plomo, y un 20 % de caucho. “En una escala de rigidez, tienen el mismo grado de dureza que la rueda de un carro de supermercado. Otro estudio realizado por peritos médicos del Hospital Carlos Van Buren llegó a conclusiones similares tras analizar perdigones extraídos de pacientes”.

El 19 de noviembre, luego de que se difundiera el informe universitario, Carabineros suspendió el uso de estas escopetas antidisturbios durante protestas, hasta tanto concluyera un análisis
externo de la composición de los perdigones. Se indicó que sólo podrán usarse “como una medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa, cuando haya un peligro inminente de
muerte”. No obstante, asegura Human Rights, “incluso en esas circunstancias extremas, debido a la falta de precisión de las escopetas antidisturbios, los carabineros no pueden asegurarse de que únicamente impacten en el blanco”.



Maltratos, abuso sexual y torturas

Desde el inicio de las manifestaciones hasta el 21 de noviembre, el INDH presentó 442 querellas ante el Ministerio Público en representación de víctimas de presuntas lesiones provocadas por
carabineros, tratos crueles, torturas, violencia sexual, tentativa de homicidios y homicidios. Desde que empezaron las protestas, el INDH ha presentado 341 denuncias vinculadas con
señalamientos de tortura y tratos inhumanos y 74 relacionadas con abusos sexuales.

Según consigna el reporte, una de las denuncias más comunes fue que los detenidos, incluidos niños, eran obligados a desvestirse y hacer sentadillas desnudos en comisarías. Los protocolos de Carabineros prohíben expresamente esa práctica, sin excepciones. Sin embargo, varios agentes indicaron a Human Rights Watch que “está permitida cuando se sospecha que la persona detenida puede llevar droga o algún arma oculta en cavidades corporales”.

“Lo cierto es que hay carabineros que han ordenado el desnudamiento de personas en un contexto que sugiere discriminación contra mujeres y niñas y no se advierte que hayan tenido siquiera la creencia equivocada de que estas personas estuvieran intentando ingresar objetos de contrabando al lugar de detención. Según datos del INDH, es más probable que los carabineros obliguen a mujeres y niñas a desvestirse que a hombres”.

El reporte también consigna el testimonio de una abogada chilena de derechos humanos que relató un un caso “en donde, a pesar de que hombres y mujeres habían sido detenidos en las mismas circunstancias, carabineros obligaron a desvestirse únicamente a las mujeres. A su vez, mencionó otros casos en que carabineros tocaron los genitales de las mujeres tras obligarlas a quitarse la ropa. El INDH también documentó casos de amenazas de violación sexual, así como la violación sexual de cuatro hombres”.

Durante la investigación, varias personas que afirmaron haber sufrido abusos durante la detención, como que los agentes no llevaban placas con su nombre.

Las condiciones en las que los detenidos lesionados reciben atención médica son también preocupantes. Diversos carabineros indicaron que la ley les exige preguntarles a los detenidos si tienen lesiones y trasladar a los que digan que sí a centros médicos cercanos. Allí, se supone que los médicos hacen una evaluación independiente de las lesiones en un informe que puede usarse
en un proceso judicial. No obstante, los carabineros reconocieron que a menudo la revisión se realiza en cubículos sin suficiente privacidad. A su vez, los carabineros admitieron que a veces el mismo carabinero que realiza el arresto —y que podría haber maltratado al detenido— es quien lo lleva al centro médico para su revisión.

En tanto, la Defensoría de la Niñez ha recabado información sobre 327 casos de posibles violaciones de derechos de niños y niñas cometidas durante las manifestaciones entre el 18 de octubre y el 15 de noviembre: 118 presentaban lesiones físicas vinculadas con golpizas y 59 tenían lesiones causadas por perdigones y balas.

Por ejemplo, en el Hospital de Urgencia Asistencia Pública (ex Posta Central), el mayor centro médico cerca del lugar donde se produjeron las manifestaciones más multitudinarias en Santiago, el personal médico señaló a Human Rights que a menudo los carabineros intentaban observar los exámenes periciales y se resistían cuando los médicos les decían que se alejaran.