El Defensor Regional Gabriel Carrión Calderón tras cuenta anual de Gestión analiza la situación actual en su institución en la región. Manteniendo un intenso ritmo, pues la cuarentena vigente les plantea múltiples desafíos para su deber de velar por las personas detenidas o investigadas por la Justicia Penal, el Defensor Regional de Tarapacá, Gabriel Bernardo Carrión Calderón, se dio un tiempo para una entrevista con Diario El Longino.

Mario Vergara

En diez palabras, el Defensor Regional, Gabriel Carrión nos caracteriza lo que ha sido la última temporada, de la que rindió cuenta participativa por videoconferencia en las redes sociales el pasado martes, denominada “Enormes Desafíos y Grandes Satisfacciones por el Trabajo en Equipo”.

-Según tal informe, el año 2019 atendieron 9.904 causas, principalmente con imputados por Lesiones, la mayor parte por Violencia Intrafamiliar. Con usuarios que en casi un 80 por ciento son chilenos y las mujeres figuran en 2 de cada diez de los investigados; con adolescentes en un 5 por ciento.

-¿Cuántos profesionales deben cumplir la gestión de la Defensoría Penal Pública?

-Son 25 defensores penales públicos (abogados), a quienes apoya un equipo de otras 33 personas, entre profesionales, técnicos y asistentes administrativos que laboran en las tres localidades y cinco oficinas.

-¿Está satisfecho por el cumplimiento de las metas?

Sí, pero también alerta porque las nuevas realidades nos imponen retos inéditos.

-¿No es mucha responsabilidad tener casi 400 causas por defensor al año?

-Podría decirse que sí, pero nuestra institución sortea esa dificultad innovando en los procedimientos, incluso hemos mejorado la calidad gracias al manejo proactivo de la tecnología, a la especialización de nuestros colaboradores y a nuevos modelos de trabajo que, sumado a la dedicación abnegada y a la mística institucional, nos permiten cumplir con garantizar que toda persona tendrá defensa si es imputada por alguna falta o delito penal.

-¿Podría citar algunos ejemplos de la conformación de los equipos profesionales para la atención del sector indígena?

-La oficina de Defensa Penal Indígena comenzó el 2019 con abogados especializados, asistidos por funcionarias experimentadas y dos Facilitadoras Interculturales, una de ellas bilingüe.

-¿Qué porcentaje de los usuarios que ustedes atienden vienen de pueblos originarios?

-Un 12 por ciento pertenece a algún pueblo originario y una buena parte de ellos tiene como lengua materna un idioma distinto al castellano, por ejemplo el aymara o el quechua. Esos y otros retos de esa diversidad los enfrentamos apropiadamente con esta oficina especializada y nos sentimos orgullosos de esos logros. Y también de otros.

La tecnología y la pandemia

-¿Cómo los  sorprendió la pandemia y qué limitaciones les impuso?

-Nos encontró en un nivel avanzado en el uso de las tecnologías digitales, adaptándonos rápidamente a formas alternativas de funcionar, con teletrabajo, audiencias por videoconferencias, entrevistas por internet, sin desmejorar la comunicación directa. Todo, velando siempre por las garantías y derechos de nuestros representados como ha sucedido respecto de la realización de juicios orales en estas condiciones.

-¿Qué forma alternativa prefiere para funcionar?

 -Nosotros siempre preferiremos los presenciales. No permanecemos encerrados con un computador. Y cuando es imprescindible acudimos a terreno de manera segura y atendemos allí, en las cárceles, por ejemplo, a nuestros defendidos, cara a cara.

-¿Cómo se está desarrollando la colaboración interinstitucional?

-En coordinación de voluntades y esfuerzos entre las instituciones del Sistema de Justicia Penal, para ajustar procedimientos en temas comunes, solucionando problemas que involucran a dos o más entidades, ajustando estándares de desempeño e, incluso, sintonizando los equipos tecnológicos para poder operar en tribunales, oficinas, recintos penitenciarios. Mencioné al Poder Judicial en esta voluntad colaborativa, pero también debo destacar a Ministerio Público y a Gendarmería. Esta última nos apoya y facilita las cosas en cada actividad con los internos en los penales.

-¿Y cómo trabajan con la Secretaría Regional Ministerial de Justicia?

-En el gabinete que encabeza el Seremi de Justicia y Derechos Humanos tenemos otro foco de colaboración, con Sename, el Servicio Médico Legal, la Corporación de Asistencia Judicial y el Registro Civil. Para ellos sólo tengo palabras de reconocimiento por su permanente respaldo y entendimiento de los roles que cada uno cumple en nuestro sistema.

-¿Defensor, que otras áreas destacaría?

-La Defensa Penitenciaria, que es una línea de trabajo que se hace cargo de las personas que cumplen penas privativas de libertad a quienes proyectamos atender en su totalidad. También la Defensa de Adolescentes es un área importante, que se ocupa de los jóvenes, para quienes hay una legislación especial. Asimismo estamos perfeccionando a defensores para que sean especialistas en litigar en las Cortes de Apelaciones, otros para que atiendan a nuestros usuarios inimputables, por ejemplo, por enajenación mental, y la línea de defensa a migrantes, que se torna relevante ante el nuevo escenario nacional.

-¿Qué puede decir de sus colaboradores más cercanos, está orgulloso de su equipo?

-Sí, y mucho. Su preparación y entrega hacen que me sienta honrado de dirigirlos. Este grupo se caracteriza por la innovación y la búsqueda de soluciones inteligentes para las brechas en nuestro trabajo. Nuestros directivos nacionales y yo, particularmente, valoramos esa dedicación  que nos permite tener la tranquilidad de que atendemos adecuadamente a nuestras y nuestros usuarios. A ellos les agradezco también el apoyo y celebro la permanente búsqueda de la excelencia.

Finalmente y, junto con agradecer su gentileza para acceder a esta entrevista, ¿cómo se definirían a 20 años de la Reforma Procesal Penal?

-Somos una institución del Estado que vela por los derechos humanos de las personas que son sometidas a la persecución penal, una entidad a la que la nación chilena le encomienda velar, entre otras muchas cosas, por las garantías de todo aquel que sea llevado a tribunales, para que cuando los jueces dicten sentencia sobre una acusación, toda la ciudadanía tenga la seguridad de que se hizo plena justicia. Lo anterior se cumple con una gestión de defensa que nos esforzamos por ejercer con la mejor calidad, porque sin esa defensa no hay justicia.

Gabriel Carrión Calderón se tituló de abogado en la Universidad Gabriela Mistral de Santiago, también es magíster  en Economía y Gestión para Abogados e ingresó a la Defensoría Penal Pública el año 2005, para llegar a Tarapacá como Jefe de Estudios en 2016.
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