La Policía de Investigaciones de Chile es la encargada del control migratorio y fiscalización de extranjeros en el país.

En coordinación con la Intendencia de Tarapacá y el Ministerio del Interior, el Departamento de Extranjería y Policía de Investigaciones de Chile (PDI) dio cumplimiento  a la expulsión de 41 ciudadanos bolivianos (21 mujeres y 20 hombres), quienes se encontraban recluidos en las cárceles de la Región de Tarapacá.

Cuarenta de los expulsados de esta Región son por infracción a la ley 20.000, la cual sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, y uno de ellos por el delito de abuso sexual. Los extranjeros se encontraban recluidos cumpliendo condena en las cárceles de Iquique, Alto Hospicio y Pozo Almonte, con penas que varían desde 1 a 5 años, las cuales no efectuaron en su totalidad dado que se acogieron al beneficio judicial de expulsión del país.

Con este nuevo procedimiento, la cifra de expulsiones de este año llega a 361, situación que deja a Tarapacá como líder en el cumplimiento de esta materia.  

En el marco de la política migratoria que lleva adelante el Gobierno, el Intendente Miguel Ángel Quezada, destacó que “seguimos dando cumplimiento a un mandato del Presidente Sebastián Piñera expulsando a los extranjeros que no aportan a nuestra región, y que, como en el caso de las personas expulsadas hoy, cometen infracciones a la ley de drogas y otros delitos. Este es un compromiso que asumimos con todos los tarapaqueños y seguiremos trabajando con todas las instituciones en pro de la seguridad”.

El Jefe Subrogante de la Región Policial de Tarapacá, Subprefecto Marcelo Méndez, explicó que “esta es una nueva etapa de expulsados de nuestro territorio nacional, quienes serán entregados a las autoridades del país vecino para seguir con los procedimientos que correspondan”.

Cabe destacar que, amparados en la ley 20.603, artículo 34, los expulsados se acogieron a la pena substitutiva que otorga el Estado chileno, la cual señala que toda persona extranjera que tenga una condena inferior a cinco años se puede acoger al beneficio de expulsión del territorio nacional, coordinado por los tribunales de garantía de la Región de Tarapacá.