La visita del mandatario se debe a la entrada en vigencia del Decreto N° 265 del año 2019, el cual autoriza a las Fuerzas Armadas a prestar colaboración con las autoridades civiles y policiales en su lucha contra el narcotráfico y crimen organizado en la frontera.

Como parte de su cargada agenda en la ciudad de Iquique, el presidente Sebastián Piñera llegará hasta la comuna de Colchane, junto al Ministro del Interior, Andrés Chadwick; al Ministro de Defensa, Alberto Espina y al Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, para visitar al personal del ejército apostado en la Unidad Base ubicada en la localidad de Cariquima, quienes desde hace tres años realizan diferentes labores en esta zona fronteriza.

La Unidad Base ubicada en la localidad de Cariquima desde hace tres años realiza diferentes labores en esta zona fronteriza.

La unidad militar, está a cargo de la Segunda Brigada Acorazada “Cazadores”, la cual dispone en el lugar el personal y los medios que allí se emplean. La base se encuentra a dos horas de Pozo Almonte, a 3 mil 460 metros sobre el nivel del mar y, a menos de 15 kilómetros de la línea que separa el territorio chileno con Bolivia.

Recordemos que el 5 de agosto se realizó en la ciudad, la cuarta reunión de la Macrozona Norte, mesa que busca abordar mecanismos colaborativos de combate contra focos delictuales de crimen organizado como son el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando de armas y otras especies. Todos estos ilícitos que se ven propiciados por las condiciones geográficas de las regiones septentrionales.

APROBACIÓN

A raíz de lo anterior, ya fue publicado en el Diario Oficial, el Decreto N° 265 del año 2019, que tiene relación con autorizar a las Fuerzas Armadas a prestar colaboración con las autoridades civiles y policiales en zonas fronterizas.

En su artículo primero el decreto señala “autorízase la colaboración de la Fuerzas Armadas con las autoridades civiles y policiales competentes para actuar en relación a actividades que se vinculen al narcotráfico y crimen organizado transnacional, en el marco de las facultades que la Constitución y la ley les otorguen, en zonas fronterizas del territorio nacional”.

Por otro lado el documento expone que el Ministro del Interior y Seguridad Pública evaluará la forma en que las policías emplean la colaboración mencionada y se coordinará con el Ministro de Defensa Nacional para la eficacia de la misma.

Mientras que en su artículo segundo se detalla que “para materializar la referida colaboración, delégase en el Ministro de Defensa Nacional, la facultad de suscribir, por orden del Presidente de la República, los decretos supremos que ordenen la organización y distribución de unidades de las Fuerzas Armadas, que tengan por objeto el despliegue de unidades aéreas, terrestres y/o marítimas para prestar apoyo logístico, de transporte y tecnológico, en zonas fronterizas del territorio nacional”.

Asimismo, el Ministro de Defensa Nacional podrá nombrar los mandos militares que asumirán el control operacional de las unidades que se asignen en virtud de lo dispuesto en este artículo. Se entiende por “control operacional” la facultad delegada a un Comandante para planificar y conducir las actividades de las fuerzas asignadas, de manera que pueda desempeñar misiones o actividades específicas, limitadas por función, tiempo y lugar. Esta delegación tendrá vigencia durante un año desde la publicación en el Diario Oficial del presente decreto.

CONTRALORÍA

En tanto el informe de alcances emanado desde la división jurídica de la Contraloría General de la República señala “esta contraloría general ha dado curso al documento de la suma -que Autoriza colaboración y delega en el Ministro de Defensa Nacional las facultades en materias que indica-, en el entendido que, según lo dispuesto en su articulado, la colaboración de las Fuerzas Armadas con las autoridades e instituciones competentes para actuar en relación a actividades que se vinculen al narcotráfico y crimen organizado transnacional, se debe circunscribir a la prestación de apoyo en los ámbitos de logística, de transporte y de tecnología en zonas fronterizas nacionales, sin que pueda conllevar su intervención en procedimientos operativos que impliquen ejercer funciones que competen privativamente a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, o a otras entidades, tales como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, o la Dirección General de Aeronáutica Civil”.

El informe agrega que la colaboración de que se trata estará obligadamente sometida a la evaluación y decisión política que corresponden al Ministro del Interior y Seguridad Pública “no pudiendo las Fuerzas Armadas materializar el referido apoyo de manera autónoma, quedando en todo momento sometidas a la autoridad civil encargada de esta materia”, concluyó.