La presidenta del directorio nacional de AFUCAJTA, Asociación de Funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial de Tarapacá, Rosa Chipoco Aguilera, señaló que concurrieron hasta las oficinas de la Contraloría de la región, a fin de solicitarle lleve a cabo un proceso de auditoría al manejo de los fondos de la Corporación Judicial, que está a cargo de las regiones de Arica-Parinacota y Tarapacá.

Al respecto señaló lo siguiente:

» Dirigentes y socios perteneciente a la Asociación de funcionarios AFUCAJTA el día 28 de noviembre del 2019 concurrió hasta las oficinas de la Contraloría Regional de Tarapacá con la finalidad de requerir una auditoria relativa a la administración por parte de la Jefa Superior del Servicio de los fondos y recursos públicos otorgados por el Ministerio de justicia a la Corporación de Asistencia Judicial de Arica-Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.”

Añadió que  “existe en la actualidad un déficit de funcionarios en los centros y unidades operativas quienes se encuentran en el deber de otorgar acceso a la justicia a la población más vulnerable de la región, teniendo como respuesta por parte de la autoridad escases de recursos públicos para ir en apoyo de los centros y consultorio jurídicos. Se visualiza una falta en el cumplimiento de las obligaciones legales, dispuesta tanto por la ley 18.632, que crea la CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DE TARAPACA (CAJTA)  y su correspondiente reglamento DFL-1, con especial atención a la finalidad que la ley consagra para la creación de la Corporación, esta es,  prestar asistencia jurídica y judicial gratuita a personas de escasos recursos.”

Preciso que ello es “ indicado por la misma ley, que para esto la Dirección General de la entidad debe utilizar los medios conducentes para administrar, abrir, construir y dirigir los Consultorios Jurídicos,  los cuales son los órganos que directamente brindan esta asistencia jurídica y judicial gratuita. Lo que en los hechos puede verse mermada por una administración deficitaria.”

En su declaración a este medio explicó que es de suma importancia la intervención solicitada a la Contraloría, “dado que el patrimonio propio de la Corporación, está en gran parte integrado  por el aporte económico que el Estado le realiza  para el cumplimiento de su función legal, el cual la  obliga administrar conforme a los principios del ordenamiento jurídico, conforme a los principios de eficacia, eficiencia y economicidad del ordenamiento jurídico de la Administración del Estadoy por ende sujeto a fiscalización de la  Controlaría,  a fin de resguardar tanto el patrimonio público como la probidad administrativa.»