Tribunal de Garantía de la localidad sólo aceptó fijar una prisión preventiva, dejando con arresto domiciliario al imputado del presunto secuestro.

Tras dos extensas y sucesivas audiencias el juez de Garantía de Pozo Almonte, Horacio Andrade, acogió en diversos argumentos de los defensores penales públicos en el control de detención y formalización a dos detenidos por los supuestos delitos de secuestro y tráfico de migrantes.

Aunque la parte acusatoria solicitó prisión preventiva para ambos imputados, el magistrado sólo decretó tal medida para la mujer B.Y.A., investigada por presunto tráfico de migrantes, y dictaminó arresto domiciliario total para L.U.C., a quien se le atribuyó mantener privados de libertad a varios migrantes en la localidad de Pozo Almonte, ubicada a 50 kilómetros de Iquique, en la Carretera panamericana que une a todo el país de norte a sur.

Respecto al arresto domiciliario, el fiscal presentó una apelación que será vista por la Corte de Apelaciones de Iquique.

Los imputados fueron detenidos al interior de un domicilio en que alojaba una treintena de migrantes, los que esperaban proseguir viaje en bus hacia la Región Metropolitana. De todos ellos sólo algunos fueron considerados como víctimas de secuestro, antecedente que el defensor penal público Jorge Bacián destacó para que se descartara la existencia de ese delito.

“Todos los testimonios indican que el grupo completo estaba esperando seguir viaje y resulta incongruente que, si todos estaban en la misma casa en las mismas condiciones, sólo a algunos se les atribuya la calidad de secuestrados”, explica el defensor Bacián.

En tanto, respecto al caso de presunto tráfico de migrantes, el defensor penal público Klaus Bremer hizo presente al tribunal que su defendida, una mujer venezolana, “formaba parte del mismo grupo y ninguno de sus integrantes les atribuye alguno de los elementos que la ley considera para tipificar dicho delito”. En este caso, a la formalizada se le decretó la prisión preventiva por “peligro de fuga”, ya que no tiene domicilio acreditado en el país.

Estos casos judiciales fueron tratados en dos audiencias diferentes, aunque fueron producto de una misma acción policial, cuyos efectivos ingresaron el lunes 19 a una vivienda de la localidad de Pozo Almonte, encontrando allí al grupo de migrantes venezolanos y a las personas que les otorgaban albergue y apoyaban su desplazamiento hacia la zona central.

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