Caso del supuesto secuestro y tráfico de migrantes en Pozo Almonte Defensores penales públicos: Los antecedentes son insuficientes y contradictorios para acreditar los delitos

Tribunal de Garantía de la localidad sólo aceptó fijar una prisión
preventiva, dejando con arresto domiciliario al imputado del presunto secuestro.

Tras dos extensas y sucesivas
audiencias el juez de Garantía de Pozo Almonte, Horacio Andrade, acogió en
diversos argumentos de los defensores penales públicos en el control de
detención y formalización a dos detenidos por los supuestos delitos de
secuestro y tráfico de migrantes.

Aunque la parte acusatoria solicitó
prisión preventiva para ambos imputados, el magistrado sólo decretó tal medida
para la mujer B.Y.A., investigada por presunto tráfico de migrantes, y
dictaminó arresto domiciliario total para L.U.C., a quien se le atribuyó
mantener privados de libertad a varios migrantes en la localidad de Pozo
Almonte, ubicada a 50 kilómetros de Iquique, en la Carretera panamericana que
une a todo el país de norte a sur.

Respecto al arresto domiciliario, el
fiscal presentó una apelación que será vista por la Corte de Apelaciones de
Iquique.

Los imputados fueron detenidos al
interior de un domicilio en que alojaba una treintena de migrantes, los que
esperaban proseguir viaje en bus hacia la Región Metropolitana. De todos ellos
sólo algunos fueron considerados como víctimas de secuestro, antecedente que el
defensor penal público Jorge Bacián destacó para que se descartara la existencia
de ese delito.

“Todos los testimonios indican que el
grupo completo estaba esperando seguir viaje y resulta incongruente que, si
todos estaban en la misma casa en las mismas condiciones, sólo a algunos se les
atribuya la calidad de secuestrados”, explica el defensor Bacián.

En tanto, respecto al caso de presunto
tráfico de migrantes, el defensor penal público Klaus Bremer hizo presente al
tribunal que su defendida, una mujer venezolana, “formaba parte del mismo grupo
y ninguno de sus integrantes les atribuye alguno de los elementos que la ley
considera para tipificar dicho delito”. En este caso, a la formalizada se le
decretó la prisión preventiva por “peligro de fuga”, ya que no tiene domicilio
acreditado en el país.

Estos casos
judiciales fueron tratados en dos audiencias diferentes, aunque fueron producto
de una misma acción policial, cuyos efectivos ingresaron el lunes 19 a una
vivienda de la localidad de Pozo Almonte, encontrando allí al grupo de
migrantes venezolanos y a las personas que les otorgaban albergue y apoyaban su
desplazamiento hacia la zona central.