El informe de Amnistía Internacional (AI) denuncia también que las restricciones de la libertad de expresión han afectado también al derecho a la salud y al acceso de las personas a información relacionada con la salud. 

En Venezuela, donde las autoridades han encarcelado a periodistas por publicar información sobre la pandemia, los datos oficiales cuando se redactaba este comunicado informaban de solamente 841 infectados con Covid-19 y 27 muertes, cifras que parecen inferiores a las reales.

La directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas, indica que es imposible proteger la salud de más de mil millones de personas que viven en las Américas si los gobiernos insisten en silenciar a quienes denuncian irregularidades, periodistas y profesionales de la salud que alzan su voz con valentía para denunciar condiciones de trabajo inseguras y exigen con justicia una respuesta adecuada y responsable a la pandemia.

Algunos ejemplos

Los profesionales de la salud han sufrido también estigmatización, ataques físicos, amenazas de muerte y denegación de uso del transporte público en países como Colombia y México, e incluso lapidación pública en Bolivia. Mientras que algunos gobiernos han respondido a este tipo de ataques con declaraciones inmediatas y acciones de sensibilización para apoyar públicamente el papel que desempeñan las personas que trabajan en el área de la salud, otros dirigentes han tomado medidas para menoscabarlas.

A mediados de abril, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, vetó dos decretos que habrían reforzado la seguridad del personal sanitario en el trabajo, sólo unos días después de haber acusado a organizaciones de derechos humanos de trabajar “para lograr que mueran más humanos”. 

Esta declaración del Presidente pasaba por alto el hecho de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierta que “las violaciones o la inobservancia de los derechos humanos pueden conllevar graves consecuencias sanitarias”.

Muchos profesionales de la salud expresaron su temor a sufrir represalias por denunciar condiciones de trabajo inseguras, y algunos que hablaron con AI habían sido despedidos de su empleo por denunciar irregularidades o habían sido objeto de procedimientos disciplinarios en el trabajo. 

Tainika Somerville, auxiliar de enfermería en una residencia de personas mayores, propiedad de una empresa privada en Chicago, fue despedida después de filmar una emisión en directo en Facebook en la que denunciaba la falta de Equipos de Protección Personal (EPP) en su lugar de trabajo. 

En Nicaragua, el personal sanitario corre un riesgo especial porque el Gobierno ha subestimado reiteradamente la magnitud de la pandemia de la Covid-19. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha rechazado la  sistemática censura en Nicaragua.

 EXIGEN ÍTEMS Y MÁS PROTECCIÓN

Trabajadores de salud de Bolivia constantemente exigen al Gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez dotarles de ítems y de recursos de bioseguridad para enfrentar a la Covid-19. 

También exigen al Gobierno declarar el estado de desastre sanitario ante la falta de recursos humanos, equipo especializado e instalaciones adecuadas para tratar la enfermedad que ha costado la vida a cerca de 2.000 bolivianos.

En reiteradas ocasiones los trabajadores del sector sanitario han denunciado la ineficiente gestión del Gobierno para hacer frente a la  pandemia que avanza en el país. 

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