“La nueva Ley de Migraciones es un retroceso en materia de derechos”

Análisis de académicas de la Unap y Universidad Diego Portales

“Tanto o más
importante que la nueva ley de migraciones que acaba de promulgar el Presidente
Sebastián Piñera, es su contenido y el discurso que lo acompaña. El contexto en
que se sitúa es la inscripción de Chile como país de destino regional en el
mapa migratorio latinoamericano, iniciada a finales de los años 90 y acelerada
en la última década”,

manifestaron Marcela Tapia
Ladino, profesora titular del Instituto de Estudios Internacionales INTE de la
Universidad Arturo Prat (UNAP) y Marjorie Dinamarca Jofré, coordinadora
proyecto asesoría legal a refugiados y migrantes de la Universidad Diego
Portales (UDP).

En su análisis
agregan que hoy los extranjeros -en el pais- alcanzan al  millón y medio de personas de los cuales casi
500 mil corresponden a venezolanos, seguido de peruanos, haitianos y
colombianos. Las crisis económicas, el autoritarismo, la inflación y la falta
de garantías políticas e institucionales en distintos países de la región han
provocado la migración sudamericana a Chile y, en el caso venezolano, la mayor
diáspora que registra el continente en la historia reciente. A ello se suma una
política errática y discrecional del gobierno en materia de visados hacia
Venezuela que pasó de la invitación que hizo el Presidente Piñera al pueblo
venezolano en Cúcuta (febrero de 2019), a la creación de la visa de
responsabilidad democrática y posterior imposición de visa consular para
quienes intentaban llegar a Chile. Luego vino la pandemia del COVID-19 y el
impacto en el continente con la pérdida de empleos, especialmente de personas
migrantes en distintos países de la región. Todo ello ha producido una de las
peores crisis humanitarias que nos haya tocado ver en los pueblos de Colchane y
Huara y en Iquique.

Para las
académicas, en dicho contexto interesa el contenido de la nueva ley porque
viene a reemplazar la obsoleta Ley de Extranjería de 1975 hecha durante la
dictadura militar y que, a pesar de algunos acomodos, no respondía a la
realidad del país en materia migratoria.  Pero la nueva ley no considera la realidad del
Cono Sur donde en una situación normal, sin pandemia, existen diversos
movimientos fronterizos -algunos ancestrales- que permiten satisfacer
necesidades de abastecimiento, salud, ocio, trabajo y comercio de la población
local.

“No sólo eso,
sino que además viene a rigidizar la posibilidad de cambiar de estatus
migratorio, criminalizando a las personas que, una vez en Chile, quieren
quedarse a vivir y a trabajar. Ello porque cambia la manera en que se gestionan
los permisos de residencia los que se deben tramitar en los consulados de Chile
en el extranjero, para lo cual habrá que hacerlo antes de emprender el viaje o
en su defecto obliga a retornar al país de origen. Esto no tiene ningún sentido
para cientos de personas indocumentadas que invirtieron todos sus recursos,
especialmente de Venezuela, en travesías largas y penosas. Si bien establece un
proceso de regularización extraordinaria, esto será sólo para quienes
ingresaron a Chile hasta el 18 de marzo de 2020, justo antes del cierre de las
fronteras y la crisis económica producida por la pandemia del COVID”.

Resaltan Tapia
y Dinamarca que la nueva Ley de Migraciones entrega amplias facultades a la PDI
para devolver a las personas que ingresan por pasos no habilitados en el acto,
lo cual es una grave vulneración a los derechos humanos de los migrantes porque
no habrá posibilidad de exponer su situación particular, ni menos la
posibilidad de acceder a asesoría o defensa de un abogado u organismo experto
en el tema. “Y peor aún, ignora que muchas veces las personas son víctimas de
tráfico de migrantes o trata de personas, y que una devolución puede poner en
riesgo su vida e invisibilizar el delito. Al mismo tiempo desconoce la ley
sobre procedimiento de refugio vigente en Chile e ignora las convenciones
internacionales sobre derechos humanos que Chile ha ratificado y que se
encuentran vigentes. Así la nueva Ley de Migraciones generará más irregularidad
porque no se hace cargo de la realidad de miles de personas que viven en Chile
indocumentadas, sin darles la posibilidad de acceder a un permiso de
residencia. De hecho, la producción científica indica que las leyes
restrictivas, las barreras y los muros no detienen los flujos migratorios, como
ha quedado ampliamente demostrado en las caravanas centroamericanas hacia
Estados Unidos, sino que los hace más peligrosos y trágicos”.

Lamentan que
el contenido de la ley tenga “un discurso basado en la criminalización y
estigmatización” de quienes llegaron en el contexto de pandemia huyendo de la
pobreza y la violencia en momentos de fronteras cerradas haciendo todavía más
dramática la travesía. “Esta forma de transmitir la normativa -diseñada desde
la militarización, la sanción y la expulsión- promueve la xenofobia y reproduce
el racismo institucional. Así sólo se agudiza la crisis humanitaria que viven
cientos de extranjeros, muchos de ellos en situación de calle, al asociarlos
con el crimen organizado, la trata de personas y el narcotráfico como vimos en
el acto de promulgación. Las leyes y los discursos en materia migratoria casi
siempre son el reflejo de las sociedades receptoras, de modo que ad portas de un proceso constituyente,
sólo nos queda la esperanza de revertir esta situación. Profundizar los valores
democráticos y el reconocimiento del otro como igual es la base de una sociedad
justa y equitativa, pero ésta debe ser tanto para residentes como para recién
llegados”, concluyeron las académicas de la Unap y UDP.