Chile es el primer país del mundo que tendrá “paridad de género” en el grupo que redactará la nueva Carta Magna. Sin embargo, está por verse cómo los miembros de la Convención Constituyente enfocarán las demandas por una sociedad más equitativa entre hombres y mujeres. Con motivo de este 8 de Marzo, El Longino repasa acá los principales temas que estarán en el centro del debate.

 Isabel Frías

Periodista U.C. 

En la historia de Chile, la próxima Constitución marcará muchos hitos. EL primero ya generó impacto mundial: Las democracias más sólidas del mundo observan con interés el actual proceso constituyente chileno, luego que nuestros legisladores aprobaron que se conforme en abril de este año una Convención compuesta con igual cantidad de hombres y mujeres; o sea, con paridad de género.

Aunque el punto es valioso y un antecedente relevante, esta “forzada” igualdad de sus integrantes no asegura que se superen los actuales desequilibrios que existen en el país, entre ambos géneros. Ello se debe, principalmente, a que las desigualdades que tensionan al Chile de hoy se dan en variados frentes; algunos de ellos son bien normativos y, otros, culturales.

En otras palabras, aunque la próxima Carta Magna condene explícitamente la violencia machista, no se acabarán los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas, por citar la dramática estadística de los femicidios. Aunque sería una señal cultural.

Qué se puede esperar entonces de los cambios constitucionales que están por generarse, es la pregunta que surge en numerosos círculos académicos, centros de pensamientos, agrupaciones de activistas y población en general. Y todos ellos han tirado líneas sobre los principales desafíos que podría abordar la Convención Constituyente.

TRABAJO FUERA Y DENTRO DEL HOGAR

Para algunas candidatas (y también candidatos) a convencional constituyente uno de los deberes del Estado debiera ser reconocer que el trabajo no remunerado, realizado en el hogar sea considerado como una actividad productiva e imprescindible para la sociedad. 

Debiera producirse, entonces, un debate a fondo respecto a la corresponsabilidad social de estas labores domésticas, así como establecer constitucionalmente la igualdad salarial y el acceso igualitario a cargos en la administración pública, ya sea vía paridad de género o discriminación positiva. 

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

La garantía de estos derechos se relaciona básicamente con el cuerpo y la primera incógnita es si los constituyentes reconocerán como un derecho que la mujer pueda decidir sobre lo que le es propio y específico; sus genitales, concretamente. 

La implicancia de un reconocimiento de esa naturaleza es que, a futuro, las mujeres pudieran decidir si desean continuar con un embarazo o interrumpirlo, y presionar a los legisladores para aprobar el derecho al aborto libre.

Por supuesto, queda también flotando la posibilidad que tendría la mujer de donar (o vender) sus óvulos, así como arrendar su útero y convertirse en madre sustituta o de alquiler.

Suenan temas algo lejanos cuando hay necesidades básicas que atender, pero las Constituciones son “pactos sociales” que se escriben pensando en el presente perro, sobre todo, en las futuras generaciones.

TRATADOS INTERNACIONALES

En materia de justicia, uno de los puntos que están en tabla es la obligatoriedad de suscribir las convenciones internacionales como la CEDAW y la Convención Belem do Pará.

Considerada la carta internacional de los derechos de la mujer, la CEDAW fue adoptada en forma unánime por la Asamblea General de las Naciones Unidas y su relevancia es que obliga a los Estados miembros (como Chile) a “la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer”.

En tanto, la Convención Interamericana Belem do Pará consagra la tarea de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Los grupos feminista, de hecho, han manifestado desde ya que la nueva constitución debe incluir la obligación del Estado de garantizar y asegurar una vida libre de violencia para las mujeres”.

EL TEMA DE LA JUSTICIA 

Aunque el acceso efectivo a una justicia sin sesgos ni discriminaciones está consagrado con el principio de la igualdad ante la Ley, los juristas asumen como complejo la demanda por garantizar constitucionalmente el acceso a representación jurídica o asistir a un tribunal. 

Para ciertos grupos, la tutela efectiva de derechos en términos de perspectiva de género debe traducirse en que el Estado adopte medidas orientadas a la prevención, investigación, sanción y reparación de la desigualdad, discriminación y violencia. Las discrepancias podrían producirse en si se entiende la violencia contra las mujeres como un problema público y prevalente, o se asume como un problema del ámbito “privado”.

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