• La titular del Consejo se refirió a los antecedentes que se conocieron por los “Pandora Papers”, y a eventuales irregularidades en municipios, particularmente a casos que involucran a corporaciones municipales que se transforman en “cajas negras”.
  • Pese a considerar positivo que el proyecto de ley que readecúa la normativa de Transparencia –actualmente en trámite en el Parlamento- al establecer obligaciones explícitas en el caso de éstas y otras entidades de derecho privado, criticó que la iniciativa esté lejos de estándares como los que plantea la Ley Modelo Interamericana 2.0 de la OEA.

Un llamado a que “las autoridades den señales muy concretas de su compromiso con la integridad pública, con la probidad y la transparencia, incluso, más allá de la norma”, hizo la presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, respecto de los antecedentes que se han conocido sobre la venta de minera Dominga a través de los “Pandora Papers”.

A pocos días de cumplir un año a la cabeza del órgano que debe velar por el cumplimiento de la ley de acceso a la información pública, De la Fuente abordó también las situaciones de eventuales irregularidades que afectan a distintos municipios del país. Para prevenir estos y otros hechos, apuntó, se requiere una visión macro que implica “generar coherencia y un ecosistema en materia de transparencia” e integridad pública. Agregó que pese a registrarse avances en este sentido “No basta solo con la Ley de Transparencia, se debe tener un conjunto de normas e instituciones haciendo el trabajo para asegurar que los estándares de probidad, la integridad en lo público, se cumplan”.

Subrayó: “Avanzar más allá es voluntad política. Internacionalmente reconocen que tenemos buenas leyes en relación al lobby, transparencia y probidad. Pero no es suficiente, porque como las leyes se sofistican, la corrupción también”.

A nivel municipal dijo que: “se requiere un compromiso particularmente de las autoridades locales, que son la cara visible que tienen los ciudadanos frente al Estado. Hay un compromiso de avanzar en materia de transparencia, más allá de lo que establece la ley, por principio, por código. Por la construcción de una democracia más sólida” subrayó.

La autoridad explicó parte del trabajo que el Consejo para la Transparencia está desarrollando actualmente con los municipios, en una línea de acción que implementó hace varios años, pero que hoy tiene un especial foco en gobiernos regionales y municipalidades, particularmente en el caso de las nuevas autoridades elegidas en 2021 en uno de los procesos de mayor renovación de cargos locales desde el regreso a la democracia.

En dicho contexto detalló que el programa de acompañamiento integral que impulsa el CPLT involucra capacitaciones no sólo en materia de transparencia, sino también desde la perspectiva de un conjunto de normas e instituciones que conforman un ecosistema de transparencia e integridad pública.

Corporaciones municipales: Mejorar la normativa

Al analizar las situaciones que se investigan en diversos municipios, la titular del Consejo apuntó a la relevancia de abordar lo que ocurre desde la perspectiva normativa en el caso de las corporaciones municipales, que no están explícitamente mencionadas en la Ley de Transparencia como sujetos a los que se les resultan aplicables las obligaciones establecidas en esta norma, lo que implica ciertas excepciones en materia de cumplimiento.

Al respecto comentó que se discute en la actualidad un proyecto de ley de transparencia que, pese a no satisfacer todas las aspiraciones del organismo y lo establecido por referentes internacionales -como la Ley Modelo Interamericana 2.0 de la Organización de Estados Americanos (OEA)-, sí aborda la problemática de las corporaciones y otras entidades de derecho privado.

En la iniciativa de ley se “indica que toda institución, fundación o corporación que reciba recursos públicos son sujetos en materia de transparencia. Eso puede ser un cambio bien relevante a la hora de lo que hemos visto en este tiempo. Finalmente, las corporaciones de derecho privado, que permite la ley que se creen, terminan siendo una especie de caja negra respecto de lo que ahí ocurre con recursos de todos los chilenos”.

Compra de Dominga

Consultada por la venta de minera Dominga, De la Fuente afirmó: “ Tenemos normas que hemos ido legislando sobre materias de probidad y transparencia de las autoridades, pero nada se compara con el actuar íntegro en lo público. Vamos a ver cómo se resuelve este caso. No nos corresponde como Consejo pronunciarnos respecto a materias legales, eso lo hará el Ministerio Público; sin embargo, situaciones como esta son malas noticias para el país, porque nos retrotraen como un escenario pre estallido”.

Lo anterior dado que “La discusión principal está en la integridad en lo público, pero sobre todo sobre el abuso de poder. Yo creo que es importante que las autoridades den señales muy concretas de su compromiso con la integridad pública, con la probidad y la transparencia, incluso, más allá de la norma”.

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