Seremi de Justicia y DD. HH. valoró la presentación de una nueva Reforma Procesal Civil, y un proyecto para cambiar el Sistema de Nombramiento de Jueces

El Presidente Sebastián Piñera, junto al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, presentaron la nueva Reforma Procesal Civil, que se hará cargo de modernizar un sistema que lleva 118 años sin modificación alguna, con el objetivo de entregar más y mejor acceso a la justicia a las personas.

Sobre
el anuncio, relativo a la Reforma Procesal Civil, el Ejecutivo ha decidido
continuar con la tramitación legislativa del proyecto de Código Procesal Civil correspondiente
al primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, la cual resultó suspendida
en el Senado, luego que la Cámara de Diputados rechazara algunos aspectos del
proyecto original que han sido perfeccionados en esta nueva propuesta. 

El
objetivo de la Reforma Procesal Civil es terminar con la ineficacia de un
sistema judicial que no responde a las necesidades del Chile actual, en
problemas tan comunes como incumplimientos de contratos, negligencias médicas,
deudas impagas por arriendo, cobro de gastos comunes, facturas impagas y
particiones de herencias o liquidaciones de sociedades conyugales, que derivan
en procedimientos engorrosos y de larga duración.

Como
antecedente, antes de la pandemia, más de la mitad de las causas que ingresaron
a tribunales (57%) correspondían a conflictos relacionados a justicia civil. Es
decir, este es el sistema de justicia más usado por los chilenos y chilenas,
pero el menos moderno, tanto en el país, como en el resto de Latinoamérica.

Asimismo,
esta reforma además contendrá otros dos proyectos de ley que serán ingresados
próximamente al Congreso: un proyecto de ley de mediación en materia civil y
comercial, incorporando dentro del Poder Judicial una Unidad especializada que
prestará este servicio de manera gratuita a toda la comunidad; y un proyecto de
ley que reforma el Código Orgánico de Tribunales, que diseña toda la estructura
orgánica asociada a la reforma.

Sobre la
nueva Reforma Procesal Civil, el Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Fernando
Canales, señaló que
“esta iniciativa permitirá concluir el proceso de reformas
legales más importante impulsado como Estado de Chile, que se inició el año
2000 con la Reforma Procesal Penal y que continuó con la reforma laboral, de
familia, medioambiental y tributaria; pero que dejó pendiente nuestra justicia
civil que cumple hoy 118 años sin modificaciones. Es un enorme paso para
mejorar el acceso a la justicia de nuestra Región de Tarapacá y del país,
considerando que la mayor cantidad de causas que ingresan a los tribunales son
precisamente conflicto de naturaleza civil, por lo que modernizar este sistema,
va en directo beneficio de las personas”.

Por su parte, el Intendente de Tarapacá,
Miguel Ángel Quezada señaló que
“este es un gran avance en materia
legislativa, es una iniciativa que forma parte de la Agenda Justicia del
Gobierno del Presidente Piñera y que tiene como objetivo mejorar el acceso a la
justicia de toda la ciudadanía, acortando tiempos y, especialmente, los costos
para los usuarios. Por otra parte, la reforma busca aumentar la eficiencia del
sistema, potenciar su transparencia, en definitiva, lograr instaurar un sistema
de justicia accesible y cercano”.

LAS 10 INNOVACIONES DE LA REFORMA
PROCESAL CIVIL

Un sistema
gratuito de mediación:
al que los ciudadanos podrán acudir sin necesidad de
un abogado, para resolver sus conflictos en forma rápida y dialogada frente a
un profesional idóneo que propicie tal acercamiento.

Una unidad de
atención de público:
que permitirá orientar a los usuarios sobre las
distintas alternativas de solución frente a un determinado problema.

Un juez para el
ciudadano:
en caso que las personas no logren acuerdo en la mediación y se
trate de conflictos de bajos montos (hasta 40 UTM), contarán con un
procedimiento simple frente al juez, sin necesidad de abogado, quien resolverá
su caso en una audiencia.

Un procedimiento
oral, por audiencias:
que garantizará la relación directa del juez con las
partes y la prueba, con plazos breves para dictar sentencias, y con trámites
más reducidos, lo que conlleva una disminución de tiempos de tramitación.

Un sistema
recursivo más acotado:
La reforma limita el recurso de apelación a las
sentencias, lo que permitirá acotar los tiempos de tramitación de las causas.

Un nuevo modelo
de ejecución:
Que permitirá separar las labores jurisdiccionales del juez,
de las tareas administrativas, que estarán a cargo de la Unidad de Tramitación
Civil, potenciando la incorporación de tecnología, a través del embargo on line y las subastas judiciales
electrónicas.

Vías remotas para la realización de
determinadas actuaciones y diligencias:
La Reforma consagra vías remotas
para la realización de determinadas actuaciones y diligencias, además
establecer las notificaciones electrónicas, y de consagrar una forma de
presentación de documentos de manera digital. También consagra la alternativa
de que las audiencias y alegatos se realicen de manera remota por
videoconferencia.

Mayor cobertura:
Pasaremos de 136 a 164 comunas del país donde el ciudadano contará con
servicios de justicia civil, gracias al aumento de tribunales civiles y el
otorgamiento de mayores competencias a tribunales comunes.

Disminución de
tiempos de tramitación:
con el nuevo procedimiento civil existirá una
disminución en los tiempos de tramitación de 60% en el caso de los
procedimientos ordinarios y de un 87% en el caso de los sumarios.

Aumento de número
de Jueces:
el diseño de la Reforma Procesal Civil conlleva un aumento
considerable (76%) del número de jueces, existiendo al menos 2 jueces en todos
los tribunales con competencia civil del país.

Disminución de
costos para usuarios:
Se incorporan procedimientos que facultan la
comparecencia sin abogado, lo que permitirá que un mayor número de personas
pueda acceder a la justicia para resolver sus conflictos.

PRINCIPALES ASPECTOS DEL NUEVO SISTEMA
DE NOMBRAMIENTO DE JUECES

Esta propuesta surge de una mesa de trabajo
interinstitucional convocada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
que sesionó entre los meses de octubre y diciembre del año 2018.

Esta reforma se orienta a fortalecer la independencia
interna de los jueces, cerrando los espacios de discrecionalidad de los
superiores jerárquicos; y estableciendo un sistema de selección basado
estrictamente en el mérito, entre otros aspectos.

Para
ello, el proyecto propone crear una Comisión Nacional de Nombramientos
Judiciales
, que será un organismo con autonomía, que dirigirá el
procedimiento y tendrá que resolvar siempre mediante una resolución colegiada y
fundada. Este mecanismo, además, pone fin a la facultad discrecional y
unilateral del Ejecutivo de designar a los jueces y otros funcionarios del
Escalafón Primario.

En
este sentido, la Comisión Nacional nombrará a Ministros de Cortes de
Apelaciones, jueces y fiscales judiciales. Respecto a las designaciones de
Ministros de Corte Suprema, si bien el mecanismo actual no se cambiará, sí se
incorpora al proceso la realización de concursos públicos en igualdad de
condiciones tanto para los cupos destinados a candidatos internos del Poder
Judicialm como para los externos, como también se elimina la integración de la
quina por “derecho propio”.

Asimismo, el proyecto elimina la facultad de las Cortes
de elaborar las ternas para enviar al Presidente, ya que es en esta fase donde
puede producirse la mayor discrecionalidad e impacto en la independencia
judicial. Se sustituye por concursos públicos regulados, con resultados
vinculantes.

La
Comisión Nacional de Nombramiento de Jueces estará integrada por un miembro
designado directamente por el Presidente de la República, que lo preside; dos
miembros designados por la Corte Suprema, previo concurso público; y dos
miembros designados por el Senado, previo concurso público.